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Modernización político-económica de América Latina

La profunda transformación de los Estados Latinoamericanos en lo referente a la reforma y modernización de sus Administraciones Publicas, siguiendo las orientaciones del CLAD, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, ha supuesto no solo reformas administrativas, sino también prácticas que afectan al gobierno y a la Administración de estos países. En el contexto de los profundos y complejos cambios que se están operando en la comunidad de países latinoamericanos, con el establecimiento de mercados regionales, como Mercosur, y gobiernos fuertemente nacionalistas en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, etc, todos los analistas se preguntan qué es lo que realmente está ocurriendo y cuáles son los resultados?

Realmente los cambios que se están llevando a cabo están fortaleciendo la democracia, y la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos? Son cambios que están mejorando la economía de los países y reduciendo la pobreza? Están fomentado prácticas de buen gobierno y transparencia en los países latinoamericanos?

Hay un mayor respeto por los derechos humanos y la dignidad de las personas? Se está mejorando la seguridad, fortaleciendo el sistema judicial para perseguir el crimen organizado y narcotráfico, etc?

Hay muchísimas preguntas más que podrían ser formuladas

Pero quizás la más importante de todas es si América Latina, como comunidad de países que tienen muchos rasgos en común, avanza por la senda del progreso institucional, económico y social, o por el contrario, se está quedando atrás respecto a otras regiones del mundo? Próximamente, en noviembre de 2013, se celebrará en Montevideo, Uruguay el “XVIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública”

En dicho Congreso se discutirán áreas temáticas que suponen hitos de interés en la modernización de las Administraciones Públicas de los países latinoamericanos:

  1. Profesionalización de la Función Pública para fortalecer la capacidad de gestión del Estado.
  2. Innovación y gestión de calidad como mecanismos de una Administración Pública efectiva.
  3. Descentralización y gestión local en el marco del desarrollo nacional integral.
  4. Una Administración Pública inclusiva, no discriminatoria y participativa.
  5. Derecho público y garantías jurídicas en la Administración Pública.
  6. Políticas públicas eficaces en un contexto de demandas sociales creciente.
  7. El Gobierno Abierto como impulsor de la transparencia, la ética y la creación de valor públicos.

Estos debates periódicos de los países donde se discuten aspectos para mejorar la gestión de los asuntos públicos y mejorar la relación Estado-ciudadano, son positivos, pero indudablemente la Administración no puede reformarse de una forma eficaz y profunda, sin la participación de la sociedad en su conjunto a través de sus representes y agentes sociales. La modernización de las Administraciones Públicas no es solo una cuestión política, sino también económica y social. La modernización del estado en su conjunto implica realizar reformas sociales y económicas, en el sentido de modernizar el sistema económico y acometer las reformas sociales imprescindibles para alcanzar mayores cotas de libertad, igualdad y justicia social.

Para que se afronten estos cambios con garantías es condición “sine qua non” que se realicen desde la perspectiva de un estado democrático. De hecho la esencia de dicho estado es la de ser profundamente reformista, abordando los cambios necesarios con amplias mayorías, o con el suficiente consenso social y político.

Las nuevas administraciones públicas

En América Latina, tienen aún graves lagunas donde hay que incidir, para lograr cambios efectivos: el sistema judicial, sanitario y educativo, el desarrollo de políticas económicas que combatan eficazmente la desigualdad social y la pobreza. La política de seguridad y de lucha contra la corrupción de los funcionarios y cuerpos policiales. Acabar con la impunidad de los delitos, incrementando la seguridad jurídica de los ciudadanos, creando espacios y ciudades seguras para el desarrollo de la vida social y económica, etc.

Los sistemas democráticos de gobierno tienden a fortalecer un nuevo enfoque que propicia la opinión unánime de que hay que reformar el Estado y su Administración para mejorar la gobernanza , y la relación Estado-ciudadano, ampliando significativamente la esfera de los derechos y libertades de estos.

Sin embargo este modelo es debilitado o claramente atacado por los regímenes autoritarios, donde el gobierno suele ejercer un control férreo de la Administración, creando una sensación real de opacidad y burocratización ante el ciudadano, e impidiendo la libre expresión de los mismos. Igualmente son regímenes que tienen a hacer desaparecer de la legislación el sistema de garantías para los ciudadanos, impactando negativamente en fortalecimiento de la sociedad civil, debilitando a la misma y haciéndola más dependiente.

El incremento de la claridad y la transparencia de los procesos de gobierno tienen consecuencias organizacionales directas, tanto en las prácticas cotidianas como en la información accesible y puesta a disposición de los ciudadanos. Son prácticas aconsejables para el buen gobierno interno, y para hacer viable el contrato social.

Así la libertad de expresión, de prensa, de manifestación etc, son claves para lograr sociedades más justas y, en este terreno, las Administraciones Públicas Latinoamericanas, deberían acometer profundas reformas, ya que los déficits existentes actualmente en muchos países latinoamericanos son, en ocasiones, preocupantes.

El fortalecimiento institucional desde el punto de vista democrático es fundamental para conseguir los objetivos de buen gobierno y transparencia de los asuntos públicos. Hoy día este concepto, en un sentido amplio, implica también fortalecer organizacionalmente a la sociedad civil, y crear cauces de participación social de los ciudadanos en los asuntos públicos, a través de las organizaciones que los representan.

Hay que asignar protagonismo político y relevancia social al rico entramado organizativo latinoamericano que surge como respuesta a las carencias del Estado. Es un indicador de las buenas prácticas y del buen gobierno en un estado democrático.

Hay también muchos otros indicadores posibles

Para analizar el fortalecimiento institucional que debe tener su reflejo en una Administración más cercana al ciudadano y más sensible a sus problemas, que permite implementar y gestionar mejores servicios públicos. Por señalar algunos de los muchos posibles:

¿Hay un buen sistema de auditorías de la Administración, tanto internas como externas? Se ejercen por órganos independientes del gobierno? Se depuran las responsabilidades públicas?

¿Se toman en consideración los modelos de cartas del ciudadano, y las recomendaciones de las agencias internacionales en diversas materias que afectan a la calidad de vida y desarrollo humano?

¿Hay una verdadera descentralización hacia lo local, fortaleciendo institucionalmente las administraciones locales que son, en definitiva, las que acercan los asuntos públicos al ciudadano? ¿Qué grado de participación tienen los ciudadanos en estas instancias?

Democracia, derechos fundamentales y lucha contra la pobreza.

Votar cada cuatro años es algo muy saludable, pero no es el único indicador de un Estado democrático. Este concepto hoy día se complementa con un sentido mucho más amplio de justicia, de igualdad y del derecho de los pueblos a decidir por sí mismos su futuro y su destino.

En la América Latina actual hay importantes problemas que afectan a estas tres áreas mencionadas: la desigualdad económica y la desigualdad en la distribución afecta a amplias capas de población al acceso de bienes y servicios públicos, restringiendo el uso de los mismos.

Igualmente es patente, incluso en nuestros días, problemas de discriminación respecto a los pueblos indígenas, a la población descendientes de los africanos que fueron llevados al subcontinente como esclavos. Existen graves problemas de discriminación de la mujer, y problemas de marginación social de los ancianos y pobres.

La pobreza no se articula únicamente entorno a la carencia de ingresos, ingresos bajos, o no tener trabajo. También nos estamos refiriendo al suministro y acceso a los servicios públicos, por ejemplo sanidad, educación…, y a la capacidad de tener voz, de ser oídos. Es evidente que estos sectores mencionados deben ser parte del debate social, y parte de la solución. Es la única forma de que los Estados implementen políticas de acción y si es preciso, planes de choque, como se está haciendo en Brasil para luchar contra la pobreza, incrementado por ejemplo la inversión en educación.

Pero salvo casos aislados, donde se aprecia un cierto progreso, como Brasil o Chile, las políticas económicas, no están acabando con el problema. Se calcula que el 60% de los ciudadanos latinoamericanos viven sumergidos en la economía informal, y que los pobres en la región han pasado de 180 millones en 1980, a los 220 millones de la actualidad.

Estas políticas económicas

Deben tener como objetivo reducir la pobreza. Esto significa que los programas públicos de inversiones sean sensibles hacia las situaciones de pobreza internas de cada país. El aparente progreso que observamos en algunos países latinoamericanos, con índices de crecimiento acusados, no están mejorando la situación de los sectores sociales más vulnerables. Este crecimiento está creando una clase de nuevos ricos, consumistas, pero no revierte en el conjunto de la sociedad. El crecimiento y la estabilidad económica no ha promovido ningún cambio significativo en la desigualdad del ingreso y en la distribución de los recursos.

Es necesario, urgente, cambiar los patrones clásicos de la política económica y redistribuir la renta y la riqueza a través de la inversión social en educación, servicios y equipamientos sociales, sanidad, atención a las minorías, política de género, etc. Hay que usar otro instrumento eficaz en la lucha contra la pobreza: la política fiscal, gravando las rentas más altas y los grandes beneficios de las empresas multinacionales.

Latinoamérica tiene la gran oportunidad de la salida comercial de sus productos a través del Pacifico, con China esperando en la otra orilla. Países como Chile, o Perú ya han puesto sus ojos en estos nuevos mercados asiáticos, aunque todavía la balanza comercial es claramente desfavorable a los países latinoamericanos.

Hay, por lo tanto, nuevas oportunidades económicas para las economías emergentes latinoamericanas. Diversificar la producción y no depender exclusivamente de las exportaciones de materias primas, reformar y modernizar el sistema productivo y financiero, modernizar y democratizar la Administración Pública, haciéndola más transparente y eficaz en la gestión de los asuntos públicos y más sensible a las demandas de igualdad y justicia de los ciudadanos, son algunos de los retos para los próximos años que, necesariamente, tendrán que ser abordados, si Latinoamérica quiere dejar atrás definitivamente la imagen que la asocia con la injusticia, la desigualdad y la pobreza.

Dante, Il Sommo Poeta

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