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El fraude del plan de reconstrucción Iraquí

Hace ya unos tres años que terminó la guerra en Irak, muchos de los ejércitos aliados a Estados Unidos volvieron a casa y las tropas estadounidenses permanecieron un año más destinados en una fase de supervisión en la formación de tropas iraquíes y protección civil, aunque ya han salido del país la totalidad de los soldados. Ahora toca reconstruir un país que ha sido destruido en aras de la libertad de un pueblo sometido a un dictador, Hassan Hussein, durante muchos años, y bajo la falsa afirmación de que el gobierno iraquí estaba fabricando armas de destrucción masiva negada por los inspectores de la ONU. Esta fue la promesa del presidente de los Estados Unidos George W. Bush.

A lo largo de estos tres años se creó en los EE. UU un plan de reconstrucción iraquí en que se invertiría una cantidad importante de dólares para levantar un país destruido por los bombardeos de la guerra. Esta cantidad ha sido hasta ahora de 60.000 millones de dólares, que han salido de las arcas públicas. Las primeras inversiones fueron destinadas a la restauración de hospitales, puertos, carreteras, escuelas y rehabilitación de los servicios de agua.

 ¿Quién obtuvo la licitación para reconstruir la industria petrolera?

Es algo que de momento desconozco, probablemente porque no es fácil descubrir con un solo golpe de ratón quién ha sido el contratado. Estamos en una época de hacer transparente toda la administración estadounidense, y probablemente estará publicado en alguna parte de las páginas oficiales de la administración, pero no es nada fácil descubrirlo.

Todos los ciudadanos estamos interesados en nuestros impuestos tanto en cuánto se ingresa como en dónde se gastan.

Evidentemente, ninguna empresa que haya financiado la guerra en Irak en aras de la democratización de su estado debería posteriormente poder acceder a los contratos públicos de la reconstrucción, ya que esto podría hacer pensar a la ciudadanía que existen intereses detrás de este acto desinteresado por parte de estas empresas privadas.

En cuanto, a la ayuda económica privada

Por parte de las empresas estadounidenses y mundiales, debería estar supervisada por organismos judiciales y/u organismos oficiales independientes, como podría ser la ONU. Imaginemos, por un instante, que cualquiera de nosotros somos ministro en un gobierno democrático occidental que está interesado en hacer caer un estado dictatorial de cualquier parte del mundo.

Casualmente, este estado es rico en pozos de petróleo. Además, sabemos que tras nuestro paso por el ministerio, y tras muchas conversaciones de barra de bar, nos promete cierta empresa energética que en cuanto termine nuestra carrera política como ministro seremos inmediatamente nombrado consejero en la empresa donde obtendremos suculentos pagos mensuales más los beneficios o bonus anuales, que harán de nuestra vida post-ministerial mucho más cómoda.

Sólo tendremos que hacer todo lo posible para que esta empresa.

“Nuestra futura empresa”, obtenga un suculento contrato de reconstrucción de la industria petrolera o simplemente la extracción de miles de millones de barriles de crudo a un precio irrisorio, lo cual hará a la empresa energética occidental incrementar sus beneficios de forma impresionante.

Pues bien, esto sería, sin lugar a dudas, un escándalo público y se crearía una gran alarma social. Para evitar todo esto, se debería controlar por ley de incompatibilidad, que cualquier ministro, presidente o primer ministro pudiera entrar a formar parte en empresas privadas durante al menos 15 años y, que todos sus movimientos profesionales y empresariales debiera ser supervisados por inspectores de hacienda con toda la libertad, independencia y autonomía posible para poder presentar ante la fiscalía anticorrupción cualquier movimiento extraño o digno de investigar y sea aclarado.

Evidentemente, los fiscales, deberán ser absolutamente independientes y jamás depender jerárquicamente del gobierno de turno, por lo que sólo deberán rendir cuentas ante sus propios órganos superiores y, en última instancia, a los jueces, en el caso de que sean denunciados por extralimitarse en sus funciones.

Se debería evitar que los gobernantes tengan intereses privados en actos bélicos.

Sólo podrán actuar desde su conciencia y jamás podrán obtener rédito económico. Pero, no solo ellos como legitimados por las urnas, sino tampoco sus descendientes, ascendientes, ni colaterales hasta cuarto grado, por lo que antes de dedicarse a la política cualquier ciudadano, debe saber que ese paso afectará tanto a su persona como a los que estén a su alrededor.

Ahora bien, no debemos criminalizar a alguien, es decir, si un familiar incluido dentro de estos márgenes limitativos, en un procedimiento transparente, igualitario, con méritos y capacidad podrán obtener cualquier puesto dentro de la administración ya como personal funcionario de la administración como subcontratista de la administración pública, pero partiendo desde cero, como los demás ciudadanos.

La responsabilidad de los gobernantes no sólo se debe limitar a pedir perdón y a retirarse de la vida política como si nada. Es mas, aunque en este punto pudiera existir mucha más polémica, cada persona debe ser responsable de sus actos. Y más si, con engaños y mentiras, hace que un país tenga enormes perdidas y, en consecuencia sus ciudadanos tengan que pagar los platos rotos de una mala gestión. Por ello, abogo para que un gobernante sea responsable de aquellos daños que ocasione a su pueblo por una mala gestión de dinero público. Para ello, es clave que los gobernantes de los países democráticos y sus administraciones sean absolutamente transparentes, donde se muestren a los ciudadanos dónde se invierten todo lo recaudado y con qué empresas privadas trabajan.

Debemos conocer claramente, cuáles son las empresas que van a colaborar con la administración, todo el procedimiento de selección, los informes técnicos y la resolución final con escrito motivado para que no haya dudas en estos puntos, y sin lugar a excepciones. Evidentemente, conocer quiénes son los grandes inversores de estas empresas y los miembros de sus consejos hará que todo el procedimiento de adjudicación sea absolutamente transparente y claro ante los ciudadanos y los demás competidores. Todo lo que sea entrar en secretos e informaciones vedadas y parciales nos llevan, sin lugar a dudas, a una corruptela clara y segura.

Con esto se podrá optimizar recursos

Hacer con absoluta transparencia cualquier contrato entre la administración pública y empresas privadas y evitar corrupciones, corruptelas y digitocracia.

Pues bien, partiendo de aquí, qué es lo que se está haciendo en Irak con todo el dinero público, quiénes son los que han obtenido contratos y, si algunos de los consejeros o inversores han sido o son miembros de los diferentes gobiernos de los EE.UU.

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